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El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional en relación al acceso de la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales de América Latina y el Caribe. Es considerado un instrumento de protección de los derechos humanos donde cada Estado que conforma estas regiones está obligado a garantizar la protección a los defensores del medioambiente, darle acceso a la información, permitirles la participación pública y brindarles justicia.

Situación que promueve la creación del Acuerdo de Escazú

Los países que abarcan la América Latina y el Caribe albergan un sin número de lugares donde existe la mayor diversidad biológica del planeta, además existen zonas inéditas donde se da lugar procesos ecológicos, parques nacionales, monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. También, existen países que albergan numerosos pueblos indígenas discriminados por años, negándole sus derechos y sometidos a agresiones y violencias territoriales.

Ante la necesidad de generar un entorno seguro para toda la población y la sociedad civil pueda seguir llevando a cabo la defensa del medioambiente, sin coacciones, agresiones o violencias y se preserve el equilibrio ecológico para la reproducción de la vida según sus usos y costumbres surge el acuerdo de Escazú de ámbito regional como una oportunidad para que el movimiento indígena y ambientalista, así como la ciudadanía en general mediante la creación de políticas mancomunadas se empodere y que los Estados, independientemente del gobierno de turno, se vean en la obligación de saldar las deudas pendientes con el desarrollo sustentable incluido en la Declaración de Rio de 1992.

También, este acuerdo constituye una herramienta que permite la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones que afectan el medioambiente, pudiendo las personas incidir con mayor contundencia en el desarrollo de proyectos que tengan impacto ambiental, ya sea de carácter nacional o que vincule a los países que lo suscriben.

Antecedentes y Situación Actual  del Acuerdo Escazú

Reconociendo que no todos los objetivos de desarrollo del milenio que se fijaron los países que conformaban la Organización de Naciones Unidas (ONU) en el año 2000 fueron alcanzados, en el 2012, en Rio+20, se acordó establecer una agenda de desarrollo después del 2015, que conllevó a un proceso de negociación de los 193 países que conformaban la ONU además de la participación de una representación de la sociedad civil y de otras partes involucradas. En esta oportunidad, también se definió la necesidad de establecer los compromisos para implementar a cabalidad los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, consagrados en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992. En este sentido, países de América Latina y el Caribe manifestaron la voluntad de iniciar un proceso para determinar la viabilidad de contar con un instrumento regional o convenio único para todos los países de la región y con la significativa participación de toda la ciudadanía interesada.

Las negociaciones se iniciaron en el 2014 con el apoyo de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se creo un Comité de Negociación, el cual estaba conformado por 24 países de la región contando con una significativa participación del público.  La Directiva estaba compuesta por los siguientes países: Chile y Costa Rica, como copresidentes, y por México, Argentina, Perú, Trinidad y Tobago San Vicente y las Granadinas.

La CEPAL preparó un documento preliminar que incluía las mejores prácticas y necesidades que presentaba América Latina y el Caribe en cuanto al acceso a la información, participación y justicia en temas ambientales, sobre el cual se iniciaron las negociaciones; la Mesa Directiva, a medida del avance de la negociación, fue incluyendo las propuestas aprobadas, generándose ocho versiones de este documento.

Es importante acotar que los países miembros de este comité eran: Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Dominica, El Salvador, Granada, Honduras, Guatemala, Panamá, Jamaica, México, Antigua y Barbuda, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El acuerdo regional de Escazú (Costa Rica) adoptado el 4 de marzo del 2018 es el fruto de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones presenciales de su Comité de Negociación y seis reuniones virtuales efectuadas del 2014 al 2018, donde apenas en el 2015 se aprobó su Organización y Plan de Trabajo y en el 2016 las Modalidades de Participación del Público.

Este acuerdo representa un paso concreto hacia la democracia ambiental participativa, inclusiva y comprometida con el valor de la vida, siendo los principales beneficiados las poblaciones más vulnerables. A partir del 27 de setiembre del 2018, este tratado fue abierto por un plazo de dos años para las firmas de adhesión de los 33 países de América Latina y el Caribe. Aunque su entrada en vigor estaba limitada a la ratificación de al menos 11 Estados, el mismo 27 de septiembre, día de su apertura en el marco de la Asamblea General de la ONU fue ratificado por 14 países.

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